Puerto de Granadilla, el gran fraude
Canarias 13 de enero 2010
Estimado Sr. Fdez. Cabeza de Vaca: con este escrito pretendemos dos cosas. Primera, ver si su periódico tiene los mínimos criterios de ética periodística y actúa de forma correcta, publicando la presente réplica, o por el contrario, sigue la línea de otro medio escrito provincial, que desde hace tiempo censura cualquier información en relación con nuestra organización y además nos insulta.
La segunda, entrando en materia, es puntualizar algunos de los argumentos que presenta en su extenso artículo del pasado domingo, en relación al polémico proyecto portuario. No vamos a entrar en datos relacionados con los aspectos ambientales, en la catástrofe que significa para el sector turístico poner en riesgo las mejores playas naturales de la Isla; ni vamos a recordar una vez más la importancia clave que los sebadales tienen para la supervivencia del medio marino canario; ni siquiera, su papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, como sumideros de CO2;
Tampoco en el valor incalculable de toda la biodiversidad de los fondos que pretenden liquidar en la zona, incluyendo los del espacio protegido a nivel europeo ZEC Sebadales del Sur de Tenerife, que efectivamente están limítrofes con el proyecto portuario y no se solapan con el mismo, como Ud. bien dice. Sí queremos aclararle que esos sebadales protegidos, aún no coincidiendo con el proyecto portuario, también van a desaparecer, como reconoce la propia Comisión Europea en su Dictamen en el que autorizó la construcción del megapuerto. Y respecto a los sebadales que están fuera de la ZEC, los que quedarían sepultados debajo del puerto, sepa Ud. que perteneciendo a la misma comunidad o “mancha” que los que están dentro, se sacaron de los límites de protección por una decisión política y no técnica, en contra del criterio de los expertos de la Universidad de La Laguna, precisamente cuando Autoridad Portuaria (la misma administración que negaba públicamente la existencia de sebadales en la zona hasta hace pocos años) se dio cuenta que esas plantitas marinas les molestaba para la construcción del proyecto, hace más de una década. El Gobierno de Canarias simplemente cambió la línea de los límites del espacio protegido para dejar fuera dichos sebadales.
Sepa Ud. también, que esos sebadales que van a quedar sepultados, que Ud. despectivamente define como el “1,26% de la extensión global de los sebadales canarios”, son sin duda los más importantes de Tenerife y probablemente del Archipiélago, no dicho por nosotros, sino por un informe del Instituto Canario de Ciencias Marinas (ICCM), órgano perteneciente al Gobierno de Canarias, como bien sabrá. ¿Sacrificaría Ud. el pinar de Vilaflor para hacer, digamos, una nueva carretera que sustituya a la actual? Pues lo mismo.
Tampoco vamos a entrar a detallar las numerosas y lamentables jugarretas “legales” que durante 10 años han inventado nuestros gobernantes para intentar el inicio de este proyecto. Sí queremos destacar la última de éstas, que hasta a Ud. parece que le resulta chocante: liquidar del actual catálogo de especies protegidas, mediante una proposición de ley (PPL) de CC, a la mitad de las especies y rebajar la protección de otro 30%, incluyendo la seba. Recordemos que el actual catálogo no tiene ni una década de antigüedad y es fruto de un gobierno del mismo color político que el actual. Teniendo en cuenta que en esta última década la situación ambiental de Canarias no ha ido ni mucho menos a mejor, ¿cómo es posible que un Gobierno intente acabar de un plumazo con la protección de centenares de especies que ellos mismos protegieron hace tan sólo 9 años? ¿Cómo es posible que no haya habido un auténtico revuelo mediático con este tema, sin duda el intento más grave de atropello normativo en Canarias en las últimas décadas?
En relación con esta PPL, Ud. se refiere a ella destacando sus méritos como “(…) el logro de un nivel elevado de protección de las especies, pretende también un desarrollo más sostenible del territorio canario. De ahí que la PPL otorgue mayor rigor a las figuras de protección”. Pues bien, eso es rotundamente falso. No insulte Ud. la inteligencia de sus lectores utilizando los mismos argumentos que el Sr. Berriel, auténtico especialista en vender lo blanco como negro. Un nivel elevado de protección es el que tiene el actual catálogo -que nadie niega que hay que revisar de forma rigurosa-, que al igual que los catálogos de la totalidad del resto de las autonomías españolas y del propio catálogo estatal, tiene el rango de Decreto. Este que permite cambios en la lista de especies de forma eficiente, al contrario que la ley, cuya rigidez hace muy complicada cualquier modificación (pensemos, por ejemplo, en el descubrimiento de nuevas especies, algo habitual en las islas, que habría que incorporar de forma urgente). Como Ud. bien debería saber, el hecho de que en Canarias no se revise el catálogo con la figura de Decreto por el propio Gobierno, sino con la figura de Ley por un grupo parlamentario, no es para darle mayor rigor a las figuras de protección (ambas figuras jurídicas, Ley y Decreto, le dan exactamente el mismo rigor), sino para saltarse los informes vinculantes de los servicios técnicos del Gobierno, que se negarían en redondo a firmar esta aberración legal, y por tanto, es la única forma de colar este desaguisado vía Parlamento de Canarias.
De hecho, ¿qué relevante científico o institución está detrás de esta propuesta? Públicamente, ninguno. El Sr. Berriel hace referencia una y otra vez al Biota (informes que tiene el Gobierno de muchas de las especies de nuestro patrimonio natural). Lo primero que habría que preguntarse es qué hacen estos informes del Gobierno en manos de un partido político, ya que muchos de los datos que contienen son de una confidencialidad importante, que debería garantizar la protección de las especies más amenazadas. Pero más grave aún es que en ningún lado del Biota se hace mención de la figura de protección que deberían tener las especies y que la nueva catalogación es un conejo sacado de la chistera de CC, con lo cual una vez más el Sr. Berriel está engañando a la opinión pública.
Lo que está pasando en Canarias no tiene precedente: tramitar una normativa clave para el futuro de nuestras islas, de una complejidad técnica absoluta, sin contar detrás con experto alguno, sino por iniciativa de un partido político en el que no existe científico relevante que dé la cara por esa propuesta. Por el contrario, la comunidad científica se ha pronunciado en su conjunto radicalmente en contra de la propuesta, empezando por las dos universidades canarias.
Por último, nos queremos centrar en los aspectos puramente económicos. Por suerte, las hemerotecas existen, y cualquiera que quiera ver el motivo por el que se creó y diseñó el puerto de Granadilla a finales del siglo pasado, lo puede encontrar sin problema alguno: nada menos que sustituir la totalidad del tráfico de mercancías de Santa Cruz, trasladándolo al sur de la Isla. Es decir liquidar la -sin lugar a dudas- principal actividad económica del área metropolitana. Como bien recuerdan todos los que como Ud. apoyan este proyecto, ya estaría hecho desde hace una década si no fuera por los opositores al mismo. En consecuencia, alguien, alguna vez, empezando por el Ayuntamiento de Santa Cruz, debería agradecernos a los opositores que el puerto de Santa Cruz no se haya cerrado, tal como pretendían.
Por tanto, una vez que se cambió la propuesta original de hacer un único macropuerto para mercancías en Tenerife (Granadilla) por la de hacer un puerto suplementario al de Santa Cruz -que seguiría siendo el puerto principal-, pasamos a un plan B radicalmente diferente del original, y que es una fotocopia de la estrategia seguida en Gran Canaria (puerto principal, Las Palmas; puerto secundario, Arinaga, asociado a un polígono industrial). Esta podría haber sido una idea interesante, si no fuera por dos cuestiones: primera, el impacto ambiental que causaba el proyecto original (puerto único) es el mismo que causa el actual proyecto (puerto secundario), por lo que ambientalmente estamos en la misma catastrófica situación, y una vez más nos remitimos al Dictamen de la Comisión Europea; y segundo, la estrategia de Gran Canaria ha fracasado rotundamente al demostrarse que una isla de tan pequeña dimensión y población no admite dos puertos, y el proyecto de Arinaga ha sido un fiasco absoluto, hasta tal punto que hay una amenaza muy seria por parte de la Comisión Europea para que se devuelva el dinero invertido. Y eso que el polígono de Arinaga está a años luz del polígono de Granadilla.
Por tanto, Sr. Cabeza de Vaca, todas esas manifestaciones que Ud. hace con tanta frivolidad y pomposidad, con titulares como “todo un interland portuario”, es puro humo. El puerto de Granadilla va a ser exactamente el mismo “interland portuario” que el de Arinaga, es decir, dinero tirado al mar, nunca mejor dicho. Y eso sin entrar en que las condiciones meteorológicas de Granadilla son aún peores que las del puerto del sur grancanario, tal como demuestra informes técnico sobre este asunto, que también podemos aportar a quien lo solicite.
Porque nosotros, a diferencia de Ud., basamos toda nuestra argumentación en informes reales que podemos poner sobre la mesa, incluyendo rigurosos informe económicos que rechazan el proyecto, algunos de las propias administraciones. Por el contrario, no conocemos ni un informe serio que defienda económicamente esta propuesta y, en consecuencia, afirmamos que Ud. manipula cuando dice cosas como éstas: “Si el puerto de Granadilla está considerado de interés público de primer orden para nuestra Comunidad Autónoma no es por capricho sectario. Estas calificaciones no se otorgan porque sí, ni por recomendación o influencia; si se conceden es porque la viabilidad del puerto está fuera de toda duda”. Cualquiera que sepa algo de política, sabrá que la declaración de interés público de primer orden es una decisión política que no conlleva rigurosidad ni estudios de tipo alguno, y que la catalogación del puerto de Granadilla en este sentido se ha basado única y exclusivamente en una aprobación de una resolución en 2002 por parte del Gobierno de Canarias en base a que el puerto de Santa Cruz estaba ya en esa fecha al borde del colapsado y no se podía ampliar, algo que hasta defensores a muerte del proyecto de Granadilla como Ud. saben que es radicalmente falso. En resumen, dicha catalogación no sólo no está fuera de toda duda, sino que afirmamos con contundencia que está basada en argumentos sin rigurosidad que se han demostrado totalmente falsos.
Lo errores de su escrito no tienen fin: “El propio Plan Energético de Canarias apuesta decididamente por el gas natural -que rechazan los ecologistas más recalcitrantes sin ofrecer ninguna otra alternativa que no sean las energías renovables-, junto a las energías renovables, para lograr un desarrollo sostenible”. Cualquier conocedor de cuestiones energéticas (incluyendo empresas del sector como Red Eléctrica) aboga porque el principal argumento para la disminución de la dependencia del petróleo no pasa por el gas (también energía fósil y contaminante), ni siquiera por las renovables, como Ud. achaca a los ecologistas recalcitrantes, sino por la eficiencia, algo en lo que Canarias, claro ejemplo de despilfarro absoluto, tiene un potencial gigantesco.
¿Quiere otro ejemplo de manipulación de su texto?: “cabría citar, entre las ventajas adicionales, la disminución del tráfico de camiones por la autopista del Sur, por la que anualmente circulan unos 30.000 vehículos pesados para trasladar las bombonas de butano”. Esto es de risa si no viniera de un intelectual como Ud. Según sus propios cálculos, circulan diariamente por la autopista del sur 82 camiones con butano, lo que equivale al tráfico normal que circula por la autopista sur durante un par de minutos, como mucho.
Aún más lamentable es la defensa que hace Ud. del proyecto en relación con lo que denomina el “cáncer del empleo”. Un exhaustivo informe de uno de los muchos partidos políticos que rechazan el proyecto demuestra claramente que, según los datos que obran en el proyecto, el pico más alto de empleo que propiciarán las obras es la ridícula cantidad de 45 trabajadores. También, cualquier experto en empleo sabe que las grandes obras de infraestructuras no dan trabajo a las personas, sino a las grandes maquinas. Respecto al periodo posterior de explotación, una vez más nos ceñimos al ejemplo de Arinaga.
Por último, casi lo más que nos entristece de un supuesto demócrata ejemplar como Ud., es su intento por vender esta propuesta como con un respaldo incuestionable, frente a unos opositores que Ud. define como “plataformas ciudadanas creadas ex profeso, asociaciones de vecinos, y grupos ecologistas y antisistema”. Resulta muy triste que una persona de sus conocimientos, que debería tener como único faro la ética periodística, ignore a las innumerables manifestaciones ciudadanas ejemplares y pacíficas que se han movido en torno a este conflicto en la última década, sin duda, las más importantes de la Unión Europea alrededor de un conflicto sobre una infraestructura.
¿Sabe Ud. cuál es nuestra principal demanda en relación al proyecto portuario? La celebración de un referéndum para que se pronuncie la ciudanía ¿No respalda Ud. que sería la salida correcta y democrática a este grave conflicto social-ambiental, en el que más allá de una infraestructura nos estamos jugando el modelo de isla que queremos?
Francisco Castro Morales, Presidente de Ben Magec-Ecologistas en Acción
Este artículo es una réplica al artículo publicado en Diario de Avisos:
http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/302600/
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